Una de las tareas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) definida en su Ley General (LGSNA), es la de establecer, articular y evaluar las políticas públicas integrales encaminadas a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como a la fiscalización y control de los recursos públicos. Dichas políticas son de aplicación general, y serán implementadas por todos los entes públicos de todos los órdenes de gobierno (artículo 6 de la LGSNA).