Instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
Publicada en 12 abril, 2017
El 4 de abril se llevó a cabo la instalación del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual pretende atacar la corrupción, problema que afecta directamente a la democracia y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
A continuación el discurso completo de la Doctora Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción:
“Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al Magistrado Presidente del TFJA, Dr. Carlos Chaurand y a su equipo, por ofrecernos su generosa hospitalidad para instalar formalmente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Saludo a los integrantes del Comité Coordinador y doy la bienvenida a mis colegas del Comité de Participación Ciudadana y a nuestros invitados de instituciones académicas y organizaciones empresariales y de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy.
El Sistema Nacional Anticorrupción es una institución de nueva generación que fue producto de una amplia deliberación entre gobierno y sociedad civil.
Fue diseñado para potenciar la acción institucional de las entidades que desde sus respectivas trincheras tienen encomendado prevenir, detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos y los hechos de corrupción, en estrecha colaboración con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
En esto consiste la gran novedad institucional, en la interacción comprometida de instituciones autónomas y de los tres poderes federales, encargados de combatir la corrupción no solo en sus manifestaciones, sino en sus causas.
El Comité Coordinador es la cabeza rectora del Sistema Nacional Anticorrupción, que en su composición condensa las facultades y funciones desde las cuales debe enfrentarse el mal de la corrupción.
Su instalación el día de hoy es el primer paso en la construcción del edificio institucional que sentará bases para una efectiva coordinación entre sus componentes, en aras de lograr el objetivo último de desmantelar las redes de corrupción que ahogan a nuestro país.
La corrupción es el mal uso de las posiciones de poder para beneficio privado, lo cual se ha extendido a tal punto en nuestro país, que ha virtualmente capturado nuestras instituciones públicas, minimizando nuestro ya de suyo frágil Estado de Derecho.
En México, la corrupción es un problema estructural, cada vez más complejo y sofisticado que corre por redes de ocultamiento y de complicidad, y se mantiene vivo al amparo de una agraviante impunidad.
La corrupción y el incumplimiento de la ley se identifican como los principales obstáculos para el crecimiento de la economía y el desarrollo de México en general.
No tendremos prosperidad económica, ni desarrollo social, si no nos apuntalamos en un Estado de Derecho sólido y si no combatimos frontalmente la corrupción.
El costo de la corrupción no es solo económico. También daña a la democracia y a nuestra sociedad, pues la gente confía menos en las instituciones y en sus representantes, y hay una correlación entre altos grados de corrupción, pobreza y violencia.
La corrupción es transversal a los distintos órdenes de gobierno e instituciones del Estado. Su combate debe ser una tarea conjunta de la sociedad en distintos frentes: para generar leyes y mecanismos suficientes y adecuados para prevenirla y sancionarla; para evitar a toda costa la impunidad mediante un sistema de justicia sólido que la condene; y para construir una cultura de la legalidad que premie el comportamiento apegado a la ley y castigue socialmente la infracción.
El Comité Coordinador cuenta con amplias facultades para dirigir y operar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero enfrenta fuertes resistencias sustentadas en prácticas ilegales de mutua protección que han probado ser barreras eficaces para la acción de la justicia.
Quiero aprovechar esta ocasión para proponer una breve agenda inicial de trabajo que gira en torno a cuatro ejes.
- La consolidación del edificio del Sistema Nacional Anticorrupción,
- La prevención de los actos de corrupción,
- El combate eficaz a la impunidad y,
- La apertura gubernamental como estrategia para hacer de la sociedad civil nuestro gran aliada.
1.- Para completar y consolidar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, debemos darle forma a la Secretaría Ejecutiva, única entidad de nueva creación del Sistema, que será su brazo operativo y su instrumento estratégico.
La selección de su titular, el Secretario Técnico, que hará el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva a partir de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana, habrá de cumplir con los estándares más altos de transparencia, profesionalidad y competencia.
Hemos diseñado métodos abiertos de evaluación de los candidatos, que puedan ser vigilados por la sociedad civil, a fin de dar certeza de que quien ocupe el cargo tenga las mejores credenciales profesionales, capacidades de dirección estratégica y una comprobada autonomía e integridad.
El Sistema Nacional Anticorrupción está todavía incompleto, porque no está nombrado el Fiscal Especial Anticorrupción, ni los magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tendrán a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves.
Es indispensable que la selección de estos cargos se haga con mecanismos que aseguren un claro escrutinio público, es decir, una competencia abierta entre candidatos y con vigilancia de la ciudadanía, a fin de garantizar su imparcialidad y autonomía. Estos mecanismos de selección deben hacerse extensivos para todos los servidores públicos que intervienen en los procesos de control interno de la Administración Pública Federal.
Solo con procedimientos abiertos a manera de concursos, propios del servicio profesional de carrera, los integrantes de los órganos internos de control tendrán la necesaria independencia y los méritos técnicos indispensables para asegurar que se investiguen las faltas administrativas y se detecten las áreas y procesos susceptibles de ser atrapados por la corrupción.
Para que sea realmente nacional, el Sistema debe velar porque los marcos constitucionales y legales en el ámbito local cumplan con los mismos principios y criterios establecidos en el plano federal.
Este modelo de selección deberá replicarse al integrar los órganos internos de control y los auditores en las entidades federativas, porque bien sabemos que la falta de capacidades institucionales y de masa crítica ciudadana, los ha sujetado al control discrecional de los poderes locales.
La misma fórmula debe aplicarse para designar jueces y magistrados en el plano local, porque para sanear nuestra gestión pública y abatir la elevada impunidad es urgente contar con un sistema de justicia nacional independiente y honesto.
2.- La prevención es clave para frenar la aparición de conductas ilegales y corruptas. La información de calidad es el insumo esencial de la prevención.
Solo documentando las acciones y procesos que se desarrollan en las áreas administrativas se pueden detectar de forma temprana debilidades institucionales y riesgos en la operación de la actuación pública.
La información pública ordenada, sistemática, actualizada y, sobre todo, interconectada para potenciar su utilización, es el ingrediente primario para un trabajo eficiente del Comité Coordinador.
Quienes cumplimos alguna función en la tarea de derribar las redes de corrupción, debemos contar con información fidedigna, completa, actualizada y accesible.
Es imperativo que los diferentes sistemas de información sean interoperables vertical y horizontalmente para hacer más eficiente la ejecución del presupuesto que es donde proliferan los actos de corrupción.
Solo con mecanismos que permitan darle un seguimiento completo a las compras y contratos gubernamentales será posible descifrar en dónde están las grietas por donde se cuela la corrupción.
3.- El combate a la impunidad solo puede lograrse con un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz, eficiente, que remueva diques, que saque a la luz pública las complicidades, identifique los vacíos legales y los deficientes procesos de detección y de investigación de violaciones a las normas que redundan en el mal uso de los recursos públicos.
Para que la comisión de actos de corrupción no siga siendo una práctica sin castigo es indispensable eliminar los incentivos que la alientan.
Un ejemplo relevante que requiere seguimiento se refiere a lo que año con año informa la Auditoría Superior de la Federación, que al auditar y encontrar posibles delitos, que ya suman más de 745, los denuncia ante la Procuraduría General de la República, sin que contemos con resultados claros sobre qué ha hecho al respecto la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Tampoco conocemos qué ha hecho el Servicio de Administración Tributaria para recuperar el daño patrimonial generado por dichos servidores.
Es necesario darle prioridad a la acción coordinada sobre los casos de corrupción que ya están bajo investigación para asegurar que cada autoridad desarrolle la función que le corresponde, con objeto de que pronto tengamos resultados que desemboquen en sanciones que inhiban futuros hechos de corrupción.
El escándalo de corrupción de alcance global de la empresa brasileña Odebrecht es un ejemplo de lo anterior, en particular, porque se trata de un delito confeso.
Estamos en espera de que se cumpla el plazo de reserva de información de este caso en junio próximo, para que nuestras autoridades den a conocer los nombres de los funcionarios responsables de un pago indebido de 10 millones de dólares, y para que proceda su detención.
4.- La apertura gubernamental para hacer nuestra relación con la ciudadanía nuestra principal alianza. La reforma constitucional y legal en materia de combate a la corrupción fue una exigencia social.
La participación ciudadana tiene un papel clave en la conducción del Sistema Nacional Anticorrupción y por ello estamos obligados a cimentar una alianza estratégica con la sociedad civil. El papel del Comité de Participación Ciudadana es clave porque es el vínculo entre el Sistema Nacional Anticorrupción y la ciudadanía.
Debemos asegurar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, coloquialmente llamada Ley #3de3, en toda su amplitud, que fue promovida por una coalición respaldada por más de 640 mil firmas ciudadanas.
El Comité Coordinador tiene la obligación legal de diseñar los formatos que servirán para lograr la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos, asegurando que se protejan sus datos personales.
La apertura gubernamental, que conocemos como gobierno abierto, es una nueva forma de hacer política pública que implica que desde el inicio exista un canal abierto para que intervenga la sociedad civil.
La información accesible, utilizando las mejores herramientas informáticas, es el mejor recurso para que la ciudadanía se apropie del Sistema Nacional Anticorrupción y se convierta en nuestra aliada privilegiada.
Para atacar eficazmente la corrupción no es suficiente tener buenas intenciones o voluntad política. La corrupción es un problema estructural de tal magnitud que hay que echar mano de todos los medios posibles para atenderla bien, para aquilatar su impacto sobre nuestro tejido social, para comprender cómo acentúa nuestras desigualdades y cómo obstaculiza el ejercicio de nuestros derechos humanos. Solo así podremos atacar sus causas de raíz y no solo sus manifestaciones más burdas y lacerantes.
El complicado y amenazante contexto internacional que enfrentamos hoy hace más urgente que pongamos en operación la ruta institucional que nos marca el Sistema Nacional Anticorrupción y que ha despertado grandes expectativas entre la población.
Nuestra reputación como país está dañada por la corrupción y debemos explorar diferentes experiencias internacionales que se han puesto en marcha para combatirla en sus diferentes expresiones. Debemos voltear los ojos no solo a Suecia y a la OCDE, sino a Guatemala, Singapur o Corea del Sur.
Nuestro modelo institucional es adecuado, surgió de una larga interlocución entre actores públicos y sociales, pero si no tenemos resultados pronto, que demuestren que nos estamos tomando en serio el combate a la corrupción y que no es una nueva mascarada, la desconfianza y el escepticismo que están bien arraigados en nuestra sociedad, pueden derivar en situaciones de anomia social.
Como bien ha dicho Joaquín Villalobos, el combate a la corrupción no es un asunto de figuras redentoras o justicieras. Para que prospere es indispensable edificar acuerdos políticos nacionales.
Sin un gran pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores políticos del país, enfrentamos el riesgo de replicar lo que ha sucedido en otros países de la región latinoamericana.
Podremos caer en un ciclo interminable de revanchas de unos grupos contra otros, sin que realmente se desmonte la corrupción y, en cambio, sí se erosionen los pilares de la institucionalidad pública, acentuando la desconfianza y la irritación ciudadanas.
No quiero concluir sin manifestar mi agradecimiento a quienes han apoyado al Comité de Participación Ciudadana para que contemos con un respaldo técnico profesional para nuestro trabajo.
Muchísimas gracias a Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, y a Alejandra Romo, que voluntariamente nos ha apoyado.
Gracias también a Juan Pardinas y a su equipo informático, Romina Girón, y al Director del CIDE, Sergio López Ayllón y a su equipo por ofrecernos parte de su infraestructura.
Agradezco también a todas las organizaciones de la sociedad civil por compartir con nosotros sus conocimientos y compromiso en el combate a la corrupción.”